El acusado, en 1999, se anunciaba en un medio de comunicación con un texto que rezaba: «Investigaciones 2000. Observaciones, comportamientos dudosos. Laborales. Deudas».
De este modo, «creyendo que era detective privado, sin que lo fuera como descubrió posteriormente cuando le reclamó honorarios ante la jurisdicción civil», le encomendó una serie de trabajos. En mayo del 2001, identificó y localizó a la persona que supuestamente le mandaba mensajes amenazantes a su cliente, para meses después encargarle que «se desplazará en su compañía a los Estados Unidos para localizar y traer a España a sus hijas menores».
En el 2005 y el 2006, le encargó que buscará y localizará a dos de sus hijas adolescentes en territorio nacional.
Por prácticamente todos estos contratos, el acusado cobró y emitió informes. Y sin embargo, no estaba cualificado para hacerlo